Durante décadas, la caza fue un tema invisible en la política española. Ocurría en el campo, la regulaba cada comunidad autónoma y nadie en el Congreso se molestaba demasiado en hablar de ella. Eso ha cambiado. La caza lleva años siendo objeto de proposiciones de ley, debates parlamentarios, manifestaciones y campañas en redes. Y el cazador que tiene todo en orden nota las consecuencias.
Este artículo no defiende ni ataca ninguna posición política. Lo que intenta es explicar cómo está el debate, qué argumentos se usan y qué puede cambiar en los próximos años para los que cazamos con licencia.
Cómo la caza llegó al debate político
El punto de inflexión fue la legislatura 2019-2023. Varios factores convergieron:
- El crecimiento de los partidos animalistas y la incorporación de posiciones animalistas en los programas de partidos de izquierda, especialmente Unidas Podemos y Sumar.
- La campaña contra la caza con galgos y los lazos, que tuvo enorme repercusión en redes sociales y movilizó a un colectivo urbano muy activo.
- La tramitación de la Ley de Bienestar Animal, que en sus versiones iniciales incluía restricciones que afectaban directamente a la caza.
- La respuesta de las federaciones cinegéticas y de partidos como Vox y PP, que convirtieron la defensa de la caza en un tema de identidad cultural y de derechos rurales.
El resultado fue que la caza pasó de ser gestión autonómica de bajo perfil a convertirse en campo de batalla simbólico entre visiones distintas del medio rural, la relación con la naturaleza y el papel de la tradición en la sociedad contemporánea.
Los argumentos en juego
A favor de la caza
Las organizaciones cinegéticas y los partidos favorables a la caza articulan varios argumentos:
- Peso económico. Según datos de la Fundación Artemisan y el Ministerio de Agricultura, la caza genera en España alrededor de 185.000 empleos directos e indirectos y un impacto económico de 6.500 millones de euros anuales. En municipios de la España vaciada, el turismo cinegético puede ser la principal fuente de ingresos.
- Gestión del territorio. Sin caza, las poblaciones de jabalí, ciervo, corzo y otros ungulados crecerían sin control, con consecuencias directas en daños agrícolas y accidentes de tráfico. Los cazadores financian y ejecutan gran parte de la gestión de fauna en terrenos privados.
- Tradición cultural. La caza forma parte de la identidad de amplias zonas rurales de España. Su prohibición o restricción severa se percibe como una imposición de valores urbanos sobre modos de vida que llevan siglos en el campo.
- Conservación de hábitats. Los cotos de caza mantienen hábitats y financian mejoras para especies cinegéticas que también benefician a la biodiversidad en general. Sin la actividad cinegética, muchos de estos terrenos cambiarían de uso.
En contra de la caza
Los colectivos animalistas y los partidos que abogan por restricciones utilizan otros argumentos:
- Sufrimiento animal. La caza implica herir y matar animales con fines recreativos, lo que para los animalistas es incompatible con una ética de respeto animal. Los métodos no selectivos —lazos, cepos— generan sufrimiento adicional y capturan especies no objetivo.
- Accidentes con terceros. Los accidentes de caza que afectan a personas ajenas a la actividad —cazadores disparando a viandantes, perddigones en zonas habitadas— generan demandas de mayor control.
- Impacto sobre biodiversidad. La suelta de especies de granja para caza, la persecución de predadores, el uso de venenos y los lazos tienen impactos documentados sobre la fauna silvestre, incluyendo especies protegidas.
- Demografía del cazador. El número de licencias de caza en España lleva décadas descendiendo: de 1,5 millones en los años 80 a menos de 900.000 actuales. La caza, argumentan, es una actividad en declive que no merece protección política especial.
La caza genera en España más de 6.500 millones de euros de impacto económico anual, según datos de la Fundación Artemisan. Una cifra que no suele aparecer en los debates políticos sobre la actividad.
La Ley de Bienestar Animal y la caza
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales fue el episodio más tenso de los últimos años en la relación entre política y caza. En sus borradores iniciales incluía restricciones que habrían afectado a la caza con galgo, a algunas modalidades de caza menor y al uso de animales en actividades tradicionales.
La presión conjunta de las comunidades autónomas con mayor tradición cinegética, las federaciones de caza y los partidos de derecha consiguió que el texto final excluyera expresamente a los animales usados en actividades de caza y pesca de su ámbito de aplicación. La ley regula a los animales de compañía, pero no toca directamente la actividad cinegética.
Fue una victoria táctica para el sector. Pero el debate no se cerró: varios grupos parlamentarios han anunciado su intención de presentar proposiciones de ley específicas sobre caza en la presente legislatura.
El número de licencias de caza en España: 1,5 millones en 1989, poco más de 870.000 en 2024. El descenso es real y sostenido. Sin embargo, el impacto económico por cazador ha crecido: el cazador de hoy gasta más en equipamiento, viajes, permisos y servicios que el de hace treinta años. El sector tiene menos volumen pero más valor unitario.
Qué posición tiene cada partido
Las posiciones son bastante predecibles, con algunos matices que vale la pena señalar:
PP: posición favorable a la caza como actividad económica, cultural y de gestión del territorio. Ha presentado proposiciones de ley para garantizar el derecho a la caza en varias comunidades autónomas donde gobierna. Conflicto de interés principal: tiene que cuadrar la posición nacional con las posiciones de sus socios de gobierno en algunas comunidades.
Vox: la defensa de la caza es uno de sus temas identitarios, vinculado a la reivindicación del mundo rural y los valores tradicionales. Ha usado el tema para diferenciarse de PP en el espacio electoral rural.
PSOE: posición más ambivalente. A nivel nacional, ha apoyado algunas restricciones. A nivel autonómico en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, sus federaciones regionales han defendido históricamente la caza frente a los intentos de restricción. La brecha entre el PSOE nacional y el PSOE regional en este tema es real.
Sumar/Podemos: posición más restrictiva. Defienden la prohibición de determinadas modalidades (caza con galgo, caza de aves migratorias en determinadas condiciones) y restricciones adicionales en métodos de caza. Son el polo que más presión ejerce hacia la regulación.
Partidos nacionalistas: muy variables. En el País Vasco y Cataluña, los partidos dominantes han mantenido posiciones pragmáticas sin grandes confrontaciones con el sector. En Galicia, el BNG ha mostrado posiciones más críticas.
El Congreso de los Diputados lleva años sin abordar una ley nacional de caza. La competencia autonómica y la falta de consenso político han bloqueado cualquier iniciativa estatal de calado.
Qué puede cambiar a corto plazo
Las restricciones más probables en los próximos años no vendrán de una prohibición general —eso es jurídicamente casi imposible dado el modelo autonómico— sino de cambios graduales en áreas concretas:
- Restricción o prohibición de métodos no selectivos. Los lazos metálicos y algunos tipos de cepo ya están muy restringidos. Una regulación estatal básica que los prohíba o limite más strictamente tiene cierto consenso transversal.
- Regulación de la caza con perros en algunos contextos. La caza con galgo en cotos abiertos y la caza con hurón han sido objeto de propuestas de restricción en varias comunidades.
- Mayor control de sueltas de caza de granja. La presión científica sobre los efectos de la suelta de codorniz japonesa o perdiz híbrida en las poblaciones silvestres puede llevar a regulaciones más estrictas.
- Ajuste de temporadas y cupos en respuesta al declive de especies. Las comunidades autónomas están revisando temporadas de codorniz, tórtola y otras especies migratorias en declive. Esto seguirá.
Lo que parece menos probable a corto plazo: la prohibición de la caza mayor, la eliminación de la licencia interautonómica o una ley estatal de caza que sustituya a la de 1970.
Mientras el debate continúa, tu licencia no puede esperar
La temporada no entiende de política. Tramita tu licencia de caza con tiempo y ten la documentación en regla antes del primer día.
Solicitar mi licenciaPreguntas frecuentes sobre caza y política en España
PP y Vox son los partidos con posición más favorable a la caza a nivel nacional, incluyéndola en sus programas como actividad económica y cultural legítima. En comunidades autónomas con fuerte arraigo cinegético, también partidos como PSOE-A (Andalucía) o el PSOE regional en Extremadura y Castilla-La Mancha han defendido históricamente la caza frente a restricciones estatales.
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales excluyó expresamente a los animales utilizados en actividades de caza y pesca de su ámbito de aplicación, tras la presión de comunidades autónomas y organizaciones cinegéticas. La ley sí afecta a animales domésticos y de compañía, pero no regula directamente la actividad cinegética.
Una prohibición total de la caza en España sería extraordinariamente difícil. Requeriría acuerdo constitucional, ya que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en la materia. Comunidades como Extremadura, Castilla y León o Andalucía recurrirían cualquier ley estatal que intentara restringir la caza de forma drástica. A corto y medio plazo, el escenario más realista es una regulación gradualmente más restrictiva en determinadas modalidades, no una prohibición.
Según datos de la Fundación Artemisan y el Ministerio de Agricultura, la caza genera en España alrededor de 185.000 empleos directos e indirectos y un impacto económico de 6.500 millones de euros anuales. Las zonas rurales más deprimidas son las que más dependen de este sector: turismo cinegético, hostería, guías, servicios veterinarios y comercio de equipos.
